Auditori de l’Àgora Jordi Rubió i Balaguer
Campus Ciutadella, Universitat Pompeu Fabra
10 de Octubre de 2001

Programa

Organitzat per Teresa Garcia-Milà, Catedràtica del Departament d´Economia i Empresa de la UPF i Coordinadora de la Jornada.

Ponencias / Resúmenes Ejecutivos

Infraestructuras y política regional

• Resumen
• Ponencia

Los nuevos fenómenos migratorios: retos y políticas

• Resumen
• Ponencia

Auditori de l’Àgora Jordi Rubió i Balaguer
Campus Ciutadella, Universitat Pompeu Fabra

Programa

Organitzat per Teresa Garcia-Milà, Degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i Coordinadora de la Jornada.

Ponencias / Resúmenes Ejecutivos

Globalización y localización de la actividad económica

• Resumen (no disponible)
• Ponencia (no disponible)

El sistema de pensiones contributivas en España: Cuestiones básicas y perspectivas en el medio plazo

• Resumen
• Ponencia

Contestaciones a los Artículos

Contestación de M.A. García al artículo de J.F. Jimeno

Auditori de l’Àgora Jordi Rubió i Balaguer
Campus Ciutadella, Universitat Pompeu Fabra

2 de Junio de 1999

Programa

Resúmenes Ejecutivos

Crisis Cambiarias y Financieras: la Crisis del Sudeste Asiático

Alfred Pastr

El trabajo aborda las crisis como fenómenos costosos en términos de crecimiento y empleo. Distingue dos tipos de crisis: las burbujas especulativas y las crisis cambiarias, que tienen orígenes y desarrollos distintos, aunque a veces unas puedan ser causa de otras. Para las primeras resume el modelo de MINSKY y lo compara con desarrollos más recientes, que se preguntan si el desarrollo de burbujas especulativas es compatible con la racionalidad de las decisiones individuales y si puede explicarse por la existencia de algún fallo de mercado. Las crisis cambiarias, por su parte, se producen cuando se forma un consenso lo bastante uniforme sobre la probabilidad de una devaluación; como ésta es una de las alternativas posibles cuando un país presenta ciertos desequilibrios macroeconómicos, la teoría permite identificar situaciones iniciales en que una devaluación es concebible.

A continuación se pasa revista a tres modelos de previsión de las crisis, que parten de explicaciones distintas, pero terminan en especificaciones muy similares. En el análisis de los resultados empíricos sorprende la escasa capacidad predictiva de los modelos, siendo así que se basan en un marco conceptual muy plausible; sorprende, en particular, la abundancia de las falsas alarmas, es decir, de ocasiones en que el modelo predice una crisis y ésta no se produce. El trabajo trata de resolver la paradoja suponiendo que las falsas alarmas pueden ser debidas a que la intervención de las autoridades puede haber evitado una crisis en sus inicios. Esto da pie a considerar una crisis como un proceso cuyo resultado final depende, no sólo de las condiciones iniciales, sino también de la intervención de las autoridades y de los cambios en el entorno; se examina, en particular, los costes y beneficios de la alternativa devaluar/subir tipos de interés.

El análisis de los canales de transmisión permite identificar los mecanismos por los que se propaga una crisis de un país a otro; se distinguen los mecanismos que son el resultado del normal funcionamiento de los mercados del contagio, resultado de un comportamiento ineficiente de los agentes. A continuación se aplica el esquema sugerido al análisis de la crisis asiática, en especial a los dos casos extremos, Tailandia y Corea; en este segundo caso, se analiza las críticas hechas a la intervención del Fondo Monetario.

Por último, el trabajo pasa revista a las diversas medidas sugeridas para la cura de las crisis -término que incluye tanto la prevención como la cura en sentido estricto- considerando tanto su relevancia como sus posibilidades prácticas.

Armonización y competencia fiscal en Europa: situación actual, perspectivas e implicaciones para España

José Manuel González-Páramo

Desde la firma del Tratado de Roma en 1957, la Comunidad Europea ha dirigido sus decisiones a tratar de asegurar la libre circulación de bienes y servicios, capitales y personas entre los países miembros. Con la aprobación del Acta Unica Europea en 1987, los países comunitarios abrazaron el objetivo de crear un verdadero Mercado Interior, para lo cual fué acordada para fines de 1992 la eliminación de los controles fronterizos y de las restricciones a los movimientos de capital. Estos cambios exigían modificaciones en los impuestos sobre el consumo y sobre las rentas del capital, a fín de atenuar el impacto de las distorsiones inducidas por la pervivencia de factores de arbitraje fiscal, así como para limitar el fraude.

Transcurridos ya más de 40 años desde la puesta en marcha de la Comunidad, la diversidad fiscal -pese a algunos avances registrados en el ámbito de la imposición indirecta y a las consecuencias homogeneizadoras de la competencia fiscal- sigue siendo la regla y la identidad es la excepción. Ello no es sino reflejo del ejercicio discrecional de la soberanía fiscal por parte de los Estados miembros, que han adaptado sus sistemas tributarios a objetivos y condicionantes socioeconómicos y políticos de carácter dominantemente nacional.

A lo largo del quinquenio previo a 1993, la perspectiva abierta por la creación del Mercado Unico fue asentando la expectativa de consecuencias numerosas, complejas e importantes de la competencia sobre la estructuración de la fiscalidad de todos y cada uno de los países pertenecientes a la Unión Europea. En el caso de España, país tradicionalmente poco abierto a los mercados internacionales de bienes y de capitales, el panorama que diseñaba el Acta Unica suscitó el temor de que la competencia fiscal, que habría de venir estimulada por el desmantelamiento de los obstáculos a los movimientos de bienes, servicios y capitales, tuviera consecuencias muy negativas sobre el bienestar de los ciudadanos.

En algún grado puede establecerse cierto paralelismo con la situación producida tras la implantación del euro, que al dotar de mayor transparencia a las transacciones y eliminar el riesgo cambiario, podría convertir a las diferencias fiscales entre países en potentes factores de arbitraje y deslocalización de actividad. El impulso que bajo las presidencias austriaca y alemana se ha tratado de dar a las iniciativas armonizadoras de la fiscalidad del ahorro (retenciones e información sobre intereses pagados a personas físicas), la inversión (Código de Conducta sobre Fiscalidad de las Empresas y supresión de la doble tributación de los pagos entre empresas comunitarias del mismo grupo) y los productos energéticos, refleja una renovada preocupación acerca de los potenciales efectos adversos de la competencia fiscal en el marco de la Unión Económica y Monetaria.

Este trabajo hilvana una serie de reflexiones acerca de los condicionantes de orden externo y doméstico de la armonización fiscal en la Unión Europea, haciéndose especial énfasis en su lógica económica, sus efectos y su viabilidad futura. Sea cual fuere el rumbo que tomen las iniciativas armonizadoras, es evidente que la presión fiscal y la estructura impositiva son condicionantes no despreciables de la competitividad de una economía, pudiendo determinar patrones de crecimiento diferencial a medio plazo entre países. Por este motivo, es importante identificar en qué aspectos se diferencia el sistema impositivo español del que funciona en otros países europeos, en qué medida una mayor aproximación al promedio podría contribuir a la mejora de la competitividad, y hasta qué punto la falta de armonización supone una amenaza para el crecimiento y el bienestar.

La experiencia de los años 90 no autoriza actitudes pesimistas acerca de los potenciales efectos adversos de la competencia fiscal. Y con menos razón desde la perspectiva española. La presión fiscal es sustancialmente más baja que la media, de la que se separa en algo más de 8 puntos. También lo son los tipos básicos del impuesto sobre sociedades y el IVA y, tras las reformas del IRPF en 1991, la del Impuesto sobre Sociedades de 1996, y la reciente reforma del IRPF de 1998, una parte no despreciable de los factores que podrían haber inducido arbitrajes fiscales han sido suavizados. Aunque en el IVA el margen de aumento es menor, los impuestos especiales están por debajo de la mayoría de los aplicados en la Unión Europea. Finalmente, la fiscalidad efectiva sobre el factor trabajo es inferior a la media comunitaria.

La nueva ley de reforma del IRPF, aprobada en 1998, incluye rebajas generalizadas en los tipos marginales y una larga lista de cambios en la fiscalidad del ahorro financiero e inmobiliario. Los efectos de la reforma sobre la producción, que pueden estimarse comprendidos entre 0,4 y 0,8 puntos del PIB por año, tenderán a atenuar las temidas pérdidas recaudatorias. Esta recuperación se produce directamente, a través del propio IRPF, e indirectamente, como resultado del impacto de un mayor nivel de empleo sobre la recaudación por cotizaciones sociales. Por otra parte, la reforma tendrá efectos inducidos notables sobre la recaudación por impuestos indirectos, ya que buena parte del aumento de la renta disponible se dedicará a un mayor consumo. Todo ello sugiere que la preocupación por la magnitud del coste recaudatorio puede haber sido exagerada, aun sin tener en cuenta otros efectos beneficiosos para la economía derivados del aumento de la renta disponible, como el crecimiento del ahorro, con aumentos en su tasa sobre el PIB en el rango de 0,1-0,3 puntos. Finalmente, no debe olvidarse que la reforma reduce las distorsiones fiscales sobre el ahorro y su materialización en activos alternativos, aumentando el excedente y el bienestar de los ahorradores.

Pese a que el grueso de los cambios introducidos en nuestro sistema fiscal es coherente con las demandas del proceso de convergencia real, es indudable que el proceso de integración está trayendo consigo una pérdida neta de ingresos públicos respecto de los que se podían obtener en el pasado. España es uno de los países comunitarios que en mayor medida ha recurrido hasta la primera mitad de los 90 al “señoreaje” monetario y la imposición implícita de los coeficientes bancarios (hasta un 2% del PIB al año). Con la competencia fiscal en la tributación de los activos financieros y la convergencia en tasas de inflación, la reducción de ingresos puede haber supuesto 1 punto adicional sobre el PIB de pérdida directa, si bien cerca de la mitad se podrá recuperar indirectamente a través del sistema fiscal. Aunque parte de las pérdidas netas resultantes podría ser enjugada por aumentos en el IVA y en otros impuestos, las posibilidades de aumen-tar los ingresos públicos por esta vía son limitadas si no se desea perder la ventaja competitiva existente en este terreno.

En el caso – poco plausible hoy por hoy- de que el proceso armonizador experimentase una reactivación, los efectos globales sobre el sistema fiscal español serían probablemente favorables aunque desiguales por figuras impositivas. En cuanto al impuesto sobre sociedades, dada la similitud de la estructura del tributo y su tipo básico con el promedio comunitario, no son necesarios cambios sensibles. La única salvedad en este terreno vendría de la mano de las decisiones que puedan tomarse en aplicación del Código de Conducta sobre Fiscalidad de las Empresas, negativas en lo que respecta a algunos casos hoy analizados por las instituciones comunitarias, aunque en términos relativos España sería de los países menos afectados. En el caso de la fiscalidad del ahorro, la eventual aprobación de la directiva que propone una retención mínima del 20% o información transmitida a los estados respectivos repercutiría favorablemente, en la medida en que haría posible gravar los rendimientos abonados a residentes en otros países comunitarios, así como controlar mejor las inversiones realizadas por residentes españoles en el exterior, que en muchos casos retornan como inversiones de no residentes. En cuanto al IVA, si se avanzase hacia la adopción del principio de origen no deberían suscitarse problemas con los tipos de gravamen, inferiores al promedio, aunque podrían presentarse dificultades con el nivel de fraude si disminuyeran las formalidades en el comercio intracomunitario y el mecanismo de compensación basado en datos macroeconómicos no estuviese acomodado a la situación de un país importador neto como es España. Finalmente, en los impuestos especiales el único riesgo efectivo deriva de una elevación de los tipos mínimos por encima del nivel al que España sitúa sus tipos actuales. Esto podría afectar a los productos energéticos, el tabaco y el vino, aunque debe recordarse que la unanimidad sigue siendo el filtro que debe atravesar la armonización en su difícil avance.

El Precio del Suelo: la Polémica Interminable

José García-Montalvo

En este trabajo se han considerado diversos factores que condicionan la posibilidad de resolver el problema que supone el elevado precio del suelo sobre la accesibilidad de la vivienda resaltando su importancia relativa y su capacidad para hacer frente este reto.

En primer lugar, el planeamiento urbanístico, que nadie niega deba existir, no parece ser la causa directa del problema. En todos los países existe algún tipo de planeamiento urbanístico. El hecho de que el modelo español este adscrito a la versión vinculante y sea más riguroso frente a la alternativa de la versión no vinculante no significa nada, en lo esencial, pues las enormes posibilidades de modificación de los Planes de Ordenación hacen de estas dos versiones la misma, al cuestionar la credibilidad del Plan como una regla fija.

En segundo lugar, la eliminación de la frontera urbanística que impone la calificación del suelo no es una condición suficiente para la reducción del precio del mismo. El aumento de la superficie de suelo urbanizable será una condición necesaria para mantener estable el precio del suelo siempre que la restricción urbanística que supone el Plan sea efectiva. En el caso de la mayoría de los municipios españoles esa restricción no es operativa dado que la cantidad de suelo vacante (urbano y urbanizable) permitiría desarrollar los planes durante muchos años sin llegar a la saturación. Además, la nueva Ley del Suelo se ha encargado de demostrar que la aproximación tradicional al problema del suelo no es capaz de contener su precio ante el reciente “boom” inmobiliario.

Otro grupo de soluciones propuestas orientan hacia modificar el comportamiento de los ayuntamientos. Las medidas son de distinta índole. Una primera medida propone aumentar la financiación de los ayuntamientos haciendo crecer su participación en los recursos del Estado para reducir sus necesidades recaudatorias. El segundo tipo de medidas incide en la necesidad de modificar el mecanismo de venta de suelo público y pasar de las subastas a los concursos. No parece que ésta pueda ser la solución pues, en las subastas, son los promotores los que pujan al alza el precio del suelo. Si lo hacen así es porque, dado el precio que esperan obtener por su venta posterior, les compensa. El punto positivo que los promotores ven en el concurso es la fijación de un precio máximo y un mínimo en lugar de simplemente un mínimo como en el caso de la subasta. La única ventaja que puede tener el promotor en el caso del concurso es la posibilidad de que el ayuntamiento no acierte con el precio de mercado y fije un precio máximo inferior al precio de mercado, reteniendo el promotor la diferencia como beneficio extraordinario. Por último, muchos sectores se apuntan a la reducción de los impuestos que gravan las sucesivas fases de transformación del suelo y la eliminación de las cesiones, que son consideradas como un “impuesto muy gravoso”. Sin embargo, ¿Es posible asegurar que dicha eliminación se plasmará en una reducción de los precios del suelo? Según el mecanismo de formación de los precios del suelo discutido en el estudio, la eliminación de las cesiones en una situación de demanda de viviendas expansiva tiene como único efecto el aumento del margen de los promotores en perjuicio de las arcas públicas.

La cuestión de la retención de suelo tampoco tiene, desde un punto de vista estrictamente económico, ninguna relevancia en el incremento del precio del suelo. El “retenedor” de suelo es un inversor que se enfrenta a las mismas incertidumbre que cualquier otro inversor: ¿Subirá el precio en el futuro? ¿Cuándo debo vender para maximizar la rentabilidad de la inversión? De esta forma el aumentar el coste de la retención de suelo mediante la imposición sobre los solares no afectará al elemento clave de esta decisión: las expectativas de revalorización del suelo.

A la vista de los anteriores comentarios la pregunta planteada continúa sin solución, ¿es posible contener el aumento del precio del suelo en las fases expansivas? Las soluciones pasan por dos condiciones: aumentar la elasticidad de la oferta de suelo urbanizado y, paradójicamente, contener el crecimiento de los precios de la vivienda.

Respecto al primer punto, el aumento de la elasticidad de la oferta de suelo urbanizado requiere la reducción de la incertidumbre asociada a la producción de suelo urbanizado a partir de suelo urbanizable. En concreto, la reducción de la incertidumbre sobre los plazos de los trámites precisos para conseguir la culminación de las distintas fases intermedias de producción.

Otro aspecto importante para incrementar la elasticidad de la oferta de suelo urbanizable es redefinir el delicado equilibrio entre los intereses de propietarios y promotores. Una posibilidad sería el modificar los sistemas de actuación para evitar que algunos propietarios estáticos puedan detener procesos de urbanización factibles. Otra posibilidad consistiría en que el sector público tuviera un papel más importante a partir de la promoción de suelo público.

Respecto al segundo punto, la contención del precio de la vivienda, las posibilidades de actuación son muy limitadas cuando se producen aumentos significativos de la renta per capita y el empleo y reducciones importantes de los tipos de interés. Una posibilidad propuesta por el Informe de la Comisión de Expertos del MOPTMA (1992) es acercar progresivamente los valores catastrales a los valores de mercado, lo que supondría un aumento del coste de uso de la vivienda propia. En esta dirección se inscribe la actualización catastral que ha tenido lugar en la mayor parte de los municipios españoles, aunque sus efectos han sido limitados. Otra posibilidad es actuar a partir de las desgravaciones sobre la adquisición de vivienda habitual reduciendo la cuantía del subsidio efectivo para las familias con rentas medias y altas por medio del aumento de la progresividad del IRPF en el apartado de la vivienda. La reciente reforma del IRPF consigue este efecto mediante la eliminación de la deducción por intereses de la base imponible y su traslado como deducción de la cuota y la fijación de un límite de desgravación conjunta de intereses y capital independiente de la base imponible de los individuos.

Finalmente, en cuanto a la vivienda como activo es necesario reducir las expectativas de aumentos de precios que se generan en las expansiones del sector inmobiliario y que, en parte, se retro-alimentan a partir de la escasa elasticidad de la oferta de suelo urbanizado. Por desgracia sólo el mercado puede afectar a estas expectativas y disciplinar el precio. En España existe la sensación de que la inversión en vivienda es una inversión “segura”. A esta impresión contribuye el hecho de que nunca se ha observado una caída importante de los precios. Sin embargo, en los países más desarrollados, se aprecian periodos de caídas muy significativas de los precios de la vivienda que, en cierta forma, mantienen alerta a los propietarios de viviendas sobre el riesgo de este activo. En el caso español el mantenimiento de las expectativas de crecimiento de los precios de la vivienda junto a las malas perspectivas a largo plazo de las variables demográficas determinantes de la demanda de viviendas a largo plazo y el rápido ritmo de construcción actual aseguran que en pocos años los inversores percibirán claramente las señales de un mercado con un evidente exceso de oferta. Esta situación y la consiguiente reducción significativa de los precios disciplinará a los inversores y, probablemente, reduzca la popularidad y el peso de la vivienda como activo en la cartera de las familias españolas. No obstante, y como es bien conocido en la literatura económica, el precio de la vivienda en los múltiples países para los cuales su comportamiento ha sido estudiado viola las predicciones de la teoría estándar de la eficiencia de los mercados: en las expansiones aumenta muy rápidamente y en las recesiones disminuye también muy rápidamente sugiriendo que el mercado inmobiliario puede estar sujeto a burbujas especulativas. En este sentido hay pocas esperanzas de que la disciplina impuesta por una posible reducción drástica de los precios en España elimine la volatilidad de los precios de la vivienda y su elevada sensibilidad a los ciclos económicos, con el consiguiente impacto sobre los precios del suelo.

Auditori de l’Àgora Jordi Rubió i Balaguer
Campus Ciutadella, Universitat Pompeu Fabra

29 de Mayo de 1998

Programa

Sesión de apertura

Hble. Sr. Artur Mas, Conseller d’Economia i Finances

La reducción de la semana laboral: efectos redistributivos y sobre el empleo

Ramon Marimon, European University Institute y Universitat Pompeu Fabra
Fabrizio Zilibotti, Universitat Pompeu Fabra y Institute for International Economic Studies

Comentaristas:
José Elorrieta, Secretario General de ELA-STV
Hbl. Sr. Ignasi Farreres, Conseller de Treball de la Generalitat de Catalunya

Moderador: Andreu Mas-Colell, Universitat Pompeu Fabra

Regular para crear competencia: la liberalización de las telecomunicaciones en España

Jordi Brandts, Institut d’Anàlisi Econòmica/CSIC
Kai-Uwe Kühn, Institut d’Anàlisi Econòmica/CSIC

Comentaristas:
Florenci Bach, Vicepresidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
Anna Birulés, Consejero Director General de Retevisión

Moderador: Lúis Rodríguez Romero, vocal de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional

España ante la Unión Monetaria Europea

Philippe Bacchetta, Director del Studienzentrum Gerzensee, Suiza, y Université de Lausanne
Miguel Sebastián, Director del Servicio de Estudios del Banco Bilbao Vizcaya

Comentaristas:
Carlos Solchaga, Presidente del Consejo Editorial de Actualidad Económica y Expansión

Moderador: Jesús Martínez Vázquez, Director del Diario Expansión

La “Segunda Oportunidad”. Reflexiones sobre la reforma del derecho consursal español

Jorge Padilla, CEMFI, NERA y CEPR
Alejandro Requejo, Universidad Carlos III

Comentaristas:
Emilio Cuatrecases, Cuatrecases Abogados
Rodrigo Uría, Bufete Uría y Menéndez

Moderador: Joan Corona, Patrón Fundación ICO, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universitat Internacional de Catalunya

Conferencia Clausura

Excmo. Sr. Josep Piqué, Ministro de Industria y Energía